Escrivá maniobra para poder reorganizar a unos 60.000 funcionarios del Estado a espaldas del control del Congreso
Su propuesta de reforma de la Ley de Función Pública da al Ministerio un plazo de seis meses para reordenar a su antojo los cuerpos y escalas en que se organizan los funcionarios del Estado
El ministro ya avanzó que su plan es organizar a la plantilla del Estado por áreas funcionales y no por ministerios como sucede ahora
Funcionarios de cuerpos superiores temen que el Gobierno aproveche para reestructurar la alta función pública del Estado
El pasado mes de marzo el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, presentó ante la Comisión de Función Pública del Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Administración Pública que calificó como de consenso para ... abordar una modernización integral del sector público. Uno de los vectores de esa reforma era la reorganización de la estructura interna de la Administración del Estado para sustituir la actual asignación de los funcionarios por ministerios por una nueva organización más ágil por áreas funcionales.
En la comparecencia Escrivá ya anticipaba que la idea era configurar un nuevo modelo de recursos humanos basado en tareas y competencias que se superpondría «al de cuerpos y escalas actual» en que se organiza la Función Pública y los más de 60.000 funcionarios del Estado que están en plantilla de los ministerios, según los últimos datos oficiales. Tal reconfiguración tiene el problema de que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en vigor prevé la agrupación de los funcionarios en cuerpos y escalas según las competencias demostradas en los procesos selectivos y dice claramente que «los cuerpos y escalas de personal funcionario se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales«.
Una orden de Escrivá apuntala la designación a dedo de directivos y altos cargos
La norma introduce algunos nuevos requisitos para el acceso a esos puestos pero altos funcionarios consideran que su vaguedad consolidará la arbitrariedad a la hora de nombrar y cesar
Esa reserva legal parece ser un obstáculo para los planes del Gobierno. El anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado al que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y que el Ministerio de Escrivá ha empezado a circular mantiene una disposición adicional, que ya aparecía en el texto cuando Función Pública estaba bajo el paraguas de Hacienda, que prevé la suspensión excepcional durante seis meses de esta cautela legal para autorizar al Gobierno «a llevar a cabo en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley (la de Función Pública, se entiende) de una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar y suprimir los existentes».
La disposición, escondida al final del texto, habilita al Ministerio para reordenar a su antojo y a espaldas del control parlamentario la histórica estructura de cuerpos y escalas profesionales de la Administración del Estado. Seis meses de manga ancha para reorganizar la actual ordenación del personal funcionario y poder decretar de forma unilateral promociones, degradaciones o incluso mejores salariales por la vía de recalificar los cuerpos y escalas en que actualmente se estructura la Administración del Estado. Un margen de arbitrariedad que a ojos de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, inmersa desde hace meses en un pulso con el actual Gobierno a cuenta de su reforma de los procedimientos de acceso a la Administración y también de su configuración del personal directivo, tiene importantes riesgos asociados.
Una maniobra de riesgo
«El anteproyecto de Ley de Función Pública vuelve a una redacción que entraña un grave peligro para nuestra Administración porque habilita al Gobierno a crear, modificar o suprimir cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, arrogándose una facultad que corresponde al legislativo, en una intromisión intolerable», aseguran fuentes de la asociación.
«Dados los antecedentes estamos seriamente preocupados porque este Gobierno no ceja en su empeño de destrozar nuestra Administración y, con ello, de perjudicar a los ciudadanos», remachan
La asociación se malicia que el Gobierno quiera aprovechar esta habilitación legal para decretar bajo cuerda la equiparación de funciones con su cuerpo superior del cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado, un objetivo por el que el sindicato Gestha pelea desde hace lustros y que en los últimos años ha disfrutado del apoyo explícito de los socios del Partido Socialista que han planteado sistemáticamente esta reivindicación en las negociaciones presupuestarias, hasta la fecha sin éxito.
El temor está fundado en que la disposición adicional da plenos poderes al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para modificar la configuración de los actuales cuerpos de la Administración, y para reordenar las funciones de los diferentes cuerpos y escalas de la plantilla del Estado.
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